Marcha atrás a irregular designación de funcionarios judiciales.

El Ministerio Público de Acusación tuvo un duro revés en su intento de crear el organismo de Investigación, que tenía como función colaborar a resolver casos importantes de la justicia.

La razón de este traspié en la constitución de la Policía Judicial fue las formas en que se iba a llevar adelante la elección de los postulantes a ocupar los cargos.

El Fiscal General Jorge Baclini pretendía hacer ingresar a los 195 postulantes sin concurso previo lo que genero una respuesta inmediata del sindicato de Judiciales, quien en la figura de su Secretario General Jorge Perlo denuncio la forma inapropiada de ingreso del nuevo personal acusando a Baclini de querer hacer ingresar a los casi doscientos trabajadores judiciales por la ventana.

El gremio cuestiona que se hayan dejado de lados a los actuales trabajadores del poder judicial, y se haya optado por una selección que no está explicitada, y en la que repiten apellidos de actuales funcionarios políticos y judiciales y hasta de un jefe policial.

El cuestionamiento se produce porque esta forma de ingreso altera gravemente la carrera judicial de quienes han esperado años para ascender, además de los cuestionamientos sindicales, ya elevaron el reclamo en forma de nota a la corte, para que se despejen las suspicacias generadas porque esta medida puede establecer un orden de parcialidad en el nuevo organismo, el cual derivaría en obstáculos para que investigue en el futuro hechos que podrían incluir a funcionarios del actual gobierno,

Dentro del sistema judicial se ufanan del régimen de ingreso al poder judicial que es de los mejores del país que incluye un concurso cuyo resultado es auditado por la Corte para de esa manera proponer los ascensos al ejecutivo, siendo una especialidad en particular desde el sindicato insisten que debió hacerse por un concurso y no a dedo.

La objeción del sindicato plasmado en un comunicado que se titula “La carrera judicial no se toca” cuestiona la Resolución 0023/19 dictada por el Fiscal Baclini, a principios del mes de febrero de este año, la que se “apartó de las normas constitucionales por las cuales la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de proponer el nombramiento de funcionarios y empleados previo concurso, como cabeza del Poder Judicial y es responsable absoluto del manejo presupuestario asignado a este poder”.

Para el gremio “ya se han dictado acordadas que dispusieron que los Organismos del Nuevo Código Procesal Penal (Ministerio Público de la Acusación y Servicio Público de la Defensa), deben armonizar los reglamentos dictados por ellos en concordancia con los vigentes de la Corte Suprema de Justicia.

A su vez, la mismísima ley orgánica del Poder Judicial, prevé en su artículo 207 y siguientes y concordantes, que todos los empleados ingresarán por la categoría inferior del escalafón, sea administrativo, de mantenimiento, de producción y de servicios, creados o a crearse y que estos estarán automáticamente incorporados al escalafón de cargos respectivo”.

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